La transformación del Sector Eléctrico Argentino
Luego de que Argentina experimentara un fuerte proceso inflacionario en el contexto de una recesión económica, junto con una profunda crisis energética, a principios de la década del '90, se produjo una importante transformación en el sector energético argentino. Esta transformación, apoyada en nuevas reglas de juego de la economía, consistió en la definición de un marco normativo caracterizado por una participación creciente de la actividad privada en el sector.

La prestación directa de los servicios públicos a cargo de empresas estatales dejó de ser eficiente por la crisis de financiación del Estado, el alto déficit operativo de las empresas, su mala administración y gerenciación.

Por otro lado, el viejo modelo concentraba en la empresa estatal tanto la prestación del servicio como el poder de regulación y control de éste.
Con el afán de solucionar estos problemas, en el año 1989 se sancionó la Ley Nº 23.696 (Reforma del Estado) y la Nº 23.697 (Emergencia económica), con las que el Estado abandona su rol como prestador de servicios y toma un rol solamente como diseñador de políticas y regulador de actividades.

Los objetivos generales que se persiguieron con la transformación del sector energético, fueron los siguientes:

En el caso puntual del sector eléctrico, el punto de inflexión de la política del sector lo constituyó la Ley Nº 24.065, sancionada en 1992, la cual junto con la Ley Nº 15.336 del año 1960, conforman el "Marco Regulatorio Eléctrico" a nivel federal.

El objetivo de la transformación de este sector fue lograr el desarrollo de una industria eléctrica sólida, capaz de asegurar a la sociedad energía suficiente a los mejores precios, compatible con la calidad de servicio y con los costos de mantener y expandir la actividad.

Las principales características que tuvo la transformación del sector eléctrico, fueron:

Con el nuevo Marco Regulatorio en vigencia el Estado comenzó a privatizar gran parte de la prestación del servicio eléctrico y pasó a ejercer primordialmente una función reguladora y orientadora para que las nuevas actividades se desarrollen en forma armónica y equilibrada.

Características de la Nueva Regulación Eléctrica
La Ley Nº 24.065 planteó un nuevo esquema de Mercado donde la cadena eléctrica se dividió en tres etapas:

• Generación (empresas que producen la energía eléctrica)
• Transporte (empresas que transportan la energía desde el lugar en que se genera hasta los centros de consumo)
• Distribución (empresas que distribuyen la energía a los distintos tipos de usuarios)

Las bases en que se fundamenta el nuevo funcionamiento del sector son la conformación de:

I) Un mercado de energía eléctrica
II) Un sistema de establecimiento de precios
III) Un administrador de dicho mercado

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es el ámbito en el cual convergen la oferta y la demanda, donde el precio de la energía se definía como el costo marginal de la última máquina que era requerida para abastecer a dicha demanda. Dicho valor, representa el precio que los compradores están dispuestos a pagar por sus requerimientos de energía.

En el MEM se diferencian dos aspectos: la prestación y la recepción del servicio. La prestación está compuesta por tres segmentos de actividad: Generación, Transporte y Distribución (industria eléctrica). La recepción del servicio está integrada por los Grandes Usuarios, que compran en forma directa al MEM, y los Medianos y Pequeños Clientes que adquieren su energía y potencia a través de las empresas Distribuidoras.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 24.065 en el año 1992, la Generación de energía eléctrica es considerada como una actividad de "Interés General", donde se plantea la libre competencia, es decir los precios menores desplazan a los más altos. La Generación está abierta a todos los que deseen efectuar inversiones de riesgo.

El Transporte es una actividad definida por la regulación vigente como "Servicio Público". Esta actividad se encuentra relevada de la obligación de realizar ampliaciones en sus sistemas, pero puede participar en nuevas construcciones. Los recursos económicos para cubrir los costos de explotación y de expansión del equipamiento del sistema de transporte, provienen de la demanda.

Los transportistas tienen la obligación de permitir el acceso indiscriminado a sus sistemas, en la medida que exista capacidad de transporte remanente; y estos no pueden intervenir en la compra ni en la venta de energía eléctrica.

La Distribución, al igual que el Transporte, ha sido definida como "Servicio Público".

El Distribuidor debe cumplir con las obligaciones que le impone su contrato de concesión y tiene la obligación de abastecer la demanda en su área de concesión en condiciones de calidad y precio establecidos, para lo cual deben realizar todas las ampliaciones necesarias en sus sistemas.

El MEM dispone de diferentes mecanismos que producen señales económicas, las cuales contribuyen a aumentar la eficiencia del sector eléctrico. Entre ellos se encuentran:

• El precio de la energía surge como convergencia de la oferta y la demanda, y tiene un papel importante como mecanismo de asignación de los recursos.
• El precio de referencia de mercado se fija en un punto geográfico que representa el "baricentro" de la demanda (en la práctica el nodo Ezeiza). El precio de mercado en las diferentes zonas del país se determina afectando el precio de referencia por el precio de nodo de la zona en cuestión.
• Los servicios adicionales que se brindan en el MEM se remuneran a quienes los prestan y se cobran a quienes los reciben (ej. Contrato de potencia firme).
• El riesgo de no abastecer la demanda implica un precio adicional (costo de falla) que induce a aumentar la oferta.

La regulación del MEM constituye tres mercados diferentes en los cuales se puede realizar la comercialización de la energía:

» Mercado Spot: Donde los precios varían en forma horaria de acuerdo a los requisitos y la disponibilidad de equipos que haya en cada momento. En este mercado se establece el precio real de la energía y la potencia.

El ingreso de máquinas para abastecer la demanda se hace con un orden prioritario de costos, es decir entran en servicio primero las más económicas hasta cubrir la potencia demandada más la reserva necesaria; y las máquinas que no son requeridas quedan sin operar. En este mercado existe en el precio un reconocimiento para la energía en función de los costos variables (combustible) y otro para la potencia en función de los costos fijos.

» Mercado Estacional: Se definen dos períodos semestrales en el año, con fechas de comienzo el 1º de mayo y 1º de noviembre respectivamente, relacionados con los períodos de hidraulicidad. En cada período estacional se define un precio estabilizado de la energía, en función de lo que se espera costará durante esos seis meses. Estos precios estabilizados poseen una actualización trimestral.
Los distribuidores pueden comprar a ese precio y las diferencias que surgen con respecto a los precios reales que se produjeron en el Mercado Spot se cargan en el trimestre siguiente.

» Mercado a Término: Se establece entre generador y distribuidor o gran usuario con la firma de un contrato.
En el contrato se determinan las condiciones de entrega de la energía y de pago, como así también los plazos de vigencia y los resarcimientos de una de las partes por incumplimiento de la otra. Los precios se pactan libremente.

Creación de CAMMESA

Para lograr una administración del Mercado idónea, que mantenga una equidistancia entre los agentes que actúan dentro de él, fue necesario crear una empresa que tuviera esa finalidad. Esta empresa es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) que tomó a su cargo la responsabilidad de la administración del mercado a partir del 1º de agosto de 1992.

El objetivo principal de CAMMESA es el despacho técnico y económico del SADI, organizando el abastecimiento de la demanda al mínimo costo compatible con el volumen y la calidad de la oferta energética disponible.

CAMMESA es una empresa de gestión privada con propósitos públicos y funciona como entidad sin fines de lucro. Su paquete accionario está compuesto del 80% por agentes del MEM (20% Generadores, 20% Transportistas, 20% Distribuidores y 20% Grandes Usuarios) y el 20% restante está en poder del ministerio público que asume la representación del interés general y de los pequeños usuarios.